Según la fiscalía, a lo menos desde el 2014 los 13 imputados conformaron una asociación criminal dedicada al comercio ilícito de cobre y chatarra, la cual provenía de distintas sustracciones, hurtos y robos perpetrados por terceras personas desde distintos lugares del norte del país, como faenas mineras, parques eólicos de energía, suministros de redes eléctricas y medios de transporte como camiones y ferrocarriles.

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