Confirman desalojo de imputados por usurpación de terrenos en Coquimbo

La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de 12 imputados acusados por el Ministerio Público como autores del delito de usurpación violenta, confirmando la medida cautelar de desalojo dictada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo. Los terrenos en cuestión, ubicados en el sector Rinconada El Sauce de la comuna de Coquimbo, fueron ocupados ilegalmente desde enero de 2022.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal –integrada por el ministro Rodrigo Díaz Figueroa, la fiscal judicial Pilar Aravena Gómez y la abogada Elvira Badilla Poblete– ratificó la orden de desalojo con auxilio de la fuerza pública de los lotes 135 y 136 de la parcelación La Herradura, propiedad de la empresa Inmobiliaria El Olivar Limitada.

El fallo indica que, tras revisar los antecedentes, se concluyó que se cumplían los requisitos para mantener la medida cautelar dictada por el Juzgado de Garantía el 22 de agosto de 2024, en base al artículo 157 ter del Código Procesal Penal. Además, la resolución menciona la existencia de un plazo de 30 días, a partir del 17 de septiembre de 2024, para ejecutar el desalojo.

Dada la posible presencia de menores y mujeres embarazadas entre los ocupantes, y considerando los subsidios en trámite, la Corte dispuso que varias instituciones, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Instituto de Derechos Humanos, el Departamento Social de la Municipalidad de Coquimbo, y el Ministerio del Interior, tomen medidas para garantizar un desalojo que respete la dignidad e integridad de los afectados.

El ministro Rodrigo Díaz Figueroa subrayó la importancia de esta decisión: “Esta medida consiste en el desalojo de ocupantes ilegales de un predio particular, y fue confirmada por la Corte. Sin embargo, entendiendo las consecuencias que puede tener para quienes ocupan el inmueble, se ha instruido a diversas instituciones a adoptar medidas que reduzcan el impacto social en los grupos familiares afectados”.

Los hechos imputados se remontan al 14 de enero de 2022, cuando los acusados, junto con otras personas, ocuparon los terrenos, procediendo a dividirlos informalmente y construir viviendas de material ligero. Según el Ministerio Público, estos actos configuraron una usurpación ilegal con la intención de asentarse como “señor y dueño” de los predios.